Artículo publicado el 11 de Julio de 2011
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Aproximadamente 500 empresas de varios sectores de actividad se verán afectadas por la medida.
El gobierno pretende, según anunció la primera ministra, Julia Gillard, reducir en 160 millones de toneladas la emisión de gases contaminantes de aquí a 2020, una cifra que para que nos hagamos una idea sería como "apartar de la circulación a 45 millones de automóviles".
Este impuesto permanecerá en vigor hasta julio de 2015, a partir de esta fecha entrará en vigor un nuevo mecanismo para el intercambio de emisiones en el que precio lo fijará el mercado.
Y ¿a qué destinará el Gobierno de Australia los fondos recaudados a través de este nuevo impuesto? Con los casi 7.000 millones de euros que está previsto que se recauden en los tres próximos años , el Gobierno intentará crear empleo, fomentar fuentes energéticas no contaminantes, incentivar económicamente a las principales empresas emisoras de carbono para que reduzcan los gases de efectos invernadero y desarrollar programas contra los efectos del cambio climático.
La ley no cuenta con el apoyo de la industria minera del país, que es el principal exportador de carbón en el mundo. Australia depende en un 80 por ciento del carbón para generar electricidad, una actividad que representa el 37 por ciento de las emisiones.
El carbón es también una de las principales fuentes de ingresos mediante la exportación. Solo el año pasado, el país facturó 46.000 millones de dólares en ventas al extranjero. Alrededor de 40.000 personas trabajan directamente en las minas de carbón australianas y más de 100.000 lo hacen indirectamente, según los datos del sector.
Estamos seguros que no será la última iniciativa de este tipo que veamos a medio plazo. ¿Estamos preparados?
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